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UN Análisis

Zonas de Reserva Campesinas

Lunes de política.

Las zonas de reserva campesina han sido uno de los puntos de mayor discusión en las negociaciones de paz con las Farc. Muchas voces se han pronunciado en contra de ellas como “republiquetas independientes”.

El conductor de UN Análisis* de UN Radio, señaló que las zonas de reserva campesina (ZRC) fueron creadas por la Ley 160 de 1994, durante la dirección de José Antonio Ocampo en el Ministerio de Agricultura y el Gobierno de César Gaviria.

Hay seis zonas creadas legalmente. Siete tienen suspendido el proceso de creación por parte del Incoder, y el Ministerio de Defensa está ejerciendo oposición. Hay cincuenta más que están en trámite para ser aprobadas.

Las seis ZRC que ya están constituidas son: Guaviare (en los municipios de Calamar, El Retorno y San José de Guaviare); Pato-Balsillas (San Vicente del Caguán, Caquetá), en las inspecciones Balsillas y Guayabal; sur de Bolívar, en los municipios de Arenal y Morales; Cabrera, en la provincia de Sumapaz, Cundinamarca; Bajo Cuembí y Comandante (Puerto Asís, Putumayo); y Valle del río Cimitarra, en el Magdalena Medio.

El profesor Absalón Machado, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UN y consultor en desarrollo rural del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), explicó: “Son territorios en los cuales se configura una estructura agraria compuesta de pequeños productores campesinos. Su finalidad es buscar la estabilización de estas sociedades rurales, están sometidas a muchos riesgos (entre ellos, que los avances de la concentración de la tierra las saquen del campo), así como alcanzar una mejor protección por parte del Estado”.

Según el profesor Machado: “Estas zonas obedecen a una reivindicación que han hecho los pequeños productores, para tener áreas abiertas en las cuales se puedan desarrollar plenamente a nivel comercial y agrario. El país necesita una política pública de desarrollo rural permanente que fortalezca estos territorios, pues son un cimiento para la paz al permitir la estabilización de las comunidades”.

La guerrilla de las Farc se refirió al tema de las ZRC en las mesas de negociación de La Habana, lo que posiblemente ayudó a estigmatizar estos territorios y a provocar una serie de tensiones.

La política agraria de los últimos veinte años en Colombia ha sido inequitativa. No ha beneficiado a los campesinos y ha habido sesgos en el manejo del capital que han favorecido a los medianos y grandes productores y han subestimado la pequeña producción como no competitiva. Esto ha causado descontento y conflictos, según afirmó el profesor Machado.

Igualmente, aseguró que se debe demostrar que esta figura no es artificial y que sí funciona en la sociedad colombiana como un modelo de producción.

Posteriormente, Catalina Toro, profesora del Departamento de Ciencia Política de la UN, mencionó lo que, para ella, es un punto clave en la discusión: “A propósito del reciente Foro de Participación Política en el Proceso de Paz, organizado por la ONU y la Universidad, es importante hablar sobre la Declaración de los Derechos Campesinos, que fue respaldada por el Comité Consultivo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.

Y agregó: “Es importante que el Estado reconozca al campesinado como sujeto político y que se comprometa a velar por el cumplimiento de sus derechos. En el contexto colombiano, esta declaración tiene que ver con aquellos campesinos que han sido víctimas del conflicto”.

Asimismo, indicó que “este reconocimiento considera las políticas sociales, como la educación, la salud, la práctica del cultivo tradicional, la información y la libertad para determinar los precios de la producción agrícola”.

En el anterior gobierno, según profesora Toro, se le declaró la guerra a la población campesina. Por eso, es necesario que en el proceso de paz se reconozcan los excesos, para que el país sostenga el desarrollo rural y la producción de alimentos.

Luego, Jani Silva, integrante del Equipo Operativo de Anzorc y líder de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (Adispa), dijo que las dificultades que presentan las ZRC son la estigmatización, el poco compromiso del Gobierno con la ejecución de planes de desarrollo y la agudización del conflicto armado; que ha provocado desplazamientos y reubicación de las comunidades en las 23 veredas de estas zonas, además de la presencia de multinacionales y petroleras en su territorio.

La líder también aseguró que la inversión y el compromiso de impulsar las ZRC como modelo de desarrollo y de garantía de mejores condiciones de vida de las familias de estos territorios es uno de los acuerdos firmados con el Gobierno que han sido incumplidos.

Además, Silva denunció que varias familias han tenido que salir de sus fincas por los ataques y el lanzamiento de artefactos explosivos por parte del Ejército. Según las Fuerzas Militares, es una estrategia para no permitir el avance de la guerrilla.

De igual manera, otra de las acciones que inciden en los desplazamientos masivos de las comunidades son la plantación de minas antipersona en los campos por parte de las Farc.

Frente a esto el grupo insurgente argumenta que es un mecanismo para defenderse de la presencia del Ejército.
Finalmente, Ernesto Samper, expresidente de la República, señaló que en el momento actual por el que está pasando el país, en medio de los diálogos de paz, “es conveniente que se discuta sobre las diferentes formas de concentración de la tierra y que se plantee una nueva estructura en el reparto de las tierras, como una nueva concepción de lo que debe ser un campo socialmente productivo”.


Bogotá 98.5, 06 de mayo de 2013 07:30

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